El deber de informar al Honorable Congreso del Estado de Michoacán de manera semestral sobre los avances del Plan de Persecución del Delito (PPD), como acontece ahora, se ha convertido en una oportunidad, no solo de rendir cuentas y transparentar los resultados de la función, sino también, posibilita un proceso de evaluación permanente que nos permite tener claro desde un principio cómo estábamos, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir y cómo vamos.

En ese sentido, el presente documento contiene la información relativa a los ejes y acciones estratégicas contempladas en el PPD. Los aspectos de la función sustantiva están comparados con los del mismo periodo de años anteriores a partir del 2020, con la finalidad de ilustrar de mejor manera los resultados en cada anualidad y su línea ascendente, lo cual, es producto del trabajo del personal que realiza las actividades en cada una de las áreas, las cuales, están enfocadas al cumplimiento de metas, mismas que se revisan en las dos grandes vertientes del desempeño: el institucional y el individual; conforme a un conjunto de indicadores de eficacia agrupados a su vez en los rubros de cantidad y calidad.

La procuración de justicia implica una serie de acciones en diferentes momentos procesales que deben satisfacer las exigencias del debido proceso. La cantidad de hechos con apariencia de delito que se presentan diariamente en el estado de Michoacán, sobre todo, aquellos de alto impacto y de alta surgir en la ruta de resolución legal de la causa, en detrimento de los fines de la pretensión a cargo del Ministerio Público. La anterior reflexión está basada en la experiencia de la institución de los últimos 4 años y medio, a través de sus diferentes áreas, los ejercicios de evaluación y retroalimentación periódica que anteceden a la obligación de informar; de ahí que de cara al segundo semestre y coetáneo a la presentación del siguiente informe, estamos considerando actualizar el PPD, con el fin de ampliar las metas de las acciones ya contempladas y generar otras líneas estratégicas que resultan necesarias para el sostenimiento en la tendencia de incremento de los resultados de la función esencial, lo cual, a grandes rasgos, compartimos desde ahora para la consideración de las y los Diputados de la presente Legislatura, así como en lo que atañe a la responsabilidad del Ejecutivo Estatal en materia presupuestal para atender, en beneficio de las y los michoacanos, los siguientes retos:

Modernizar la actual red de telecomunicaciones con el objetivo de lograr una cobertura en todo el estado y en las fiscalías regionales, a fin de facilitar las labores operativas y de investigación. Para el fortalecimiento de la investigación y persecución de los delitos de homicidio, desaparición de personas, secuestro y extorsión, es necesaria la adquisición de herramientas tecnológicas de inteligencia, la renovación del parque vehicular, actualización de todo el equipo de cómputo, adquisición y actualización de licencias de software.

Antes que termine octubre de 2023, la entidad acreditadora (ANAB), entregará a la FGE los resultados de sus auditorías, por lo que es que en esas fechas obtengamos ya la certificación de los laboratorios y la acreditación del personal forense, lo cual obliga a la institución a mantener y mejorar la infraestructura, así como los estándares de calidad a nivel internacional en los procesos de dictaminación de los servicios periciales.

La estación de trabajo de AFIS que aplica para la identificación y comparación de huellas dactilares está funcionando desde el año 2001 en Morelia y pertenece al Sistema Nacional de Seguridad Publica, la cual requiere mantenimiento dos veces al año. Para aumentar su cobertura y tener mejores resultados en la investigación, es necesario contar con unidades y sistemas propios con estaciones en Morelia,Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

En materia de balística, es necesario contar con dos estaciones del IBIS en las regiones de Uruapan y Zamora. Asimismo, para despresurizar la carga de dictámenes en la sede central, se propone la creación de un laboratorio de genética en la sede regional de Zamora, la cual también atendería la demanda de las regiones de La Piedad y Jiquilpan.

Es primordial contar con un Centro Estatal de Protección a Personas Intervinientes para salvaguardarlas cuando se encuentren ante un riesgo eminente en la etapa procesal. Desde el año 2015 en la FGE, opera un sistema informático de gestión de carpetas de investigación denominado SIGI. Este sistema ya presenta deficiencias, por lo que es necesario, dentro de la Estrategia de Transformación Digital, desarrollar e implementar un nuevo sistema informático acorde a las necesidades de la evolución digital en beneficio de las y los usuarios de la institución.

Es necesario continuar con el mantenimiento y construcción de instalaciones para el servicio de las tareas de procuración de justicia en fiscalías regionales, en donde no se cuenta con instalaciones propias, así como en áreas especializadas que exigen alta efectividad y mejores condiciones para atender a la ciudadanía por la sensibilidad de los hechos que les corresponden, como es el caso de la Unidad de Homicidios y Desaparición de Personas. A la par de la oportunidad de recibir las instalaciones que están en proceso de entrega para la operación, así como de áreas sustantivas y de apoyo que son medulares para el fortalecimiento de la institución como el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, la Agencia de Inteligencia Criminal, el área de Tecnologías, Informática y Telecomunicaciones y el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera.

En cuanto a recurso humano, es necesario incrementar el número de integrantes de la triada operativa mediante los procesos de convocatoria, reclutamiento, selección, capacitación y contratación de agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos, con el fin de equilibrar el volumen del trabajo esencial en proporción a las capacidades humanas y que nos genere una mayor capacidad de respuesta a la exigencia de justicia por parte de la sociedad.

La asignación de recursos que por vía de presupuestos estatal y federal, así como los ingresos propios por concepto de trámites y servicios que ingresan a la institución, son destinados al desarrollo de las funciones que la ley nos mandata, privilegiando las acciones operativas de carácter sustantivo acorde con los fines del sistema penal, para la procuración de justicia en beneficio de la población. Tenemos plena consciencia de los pendientes en relación al combate a la impunidad, mantenemos firme nuestro compromiso para hacer efectivo el imperativo de la ley en el marco del Sistema de Justicia Penal, convencidos que el revertir la situación es posible, si se continúa trabajando en acciones coordinadas y esfuerzos conjuntos entre las instancias de seguridad y de justicia de los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, a cuyos representantes, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República; Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador del Estado de Michoacán, reiteramos nuestro reconocimiento por el invaluable apoyo brindado a esta institución, a través del Ejército, Marina Armada de México y Guardia Nacional; así como a la representación de la Fiscalía General de la República, en el orden nacional y, a la Secretaría de Seguridad Pública y policías de los diferentes municipios, que han brindado el apoyo para la obtención de los resultados de los que hoy se informan.

A las y los señores integrantes de la LXXV legislatura del honorable Congreso del Estado, reitero mi agradecimiento y respeto, dejo en sus manos y para su consideración el presente documento, seguro de que habrán de revisarlo con esmero y la objetividad debida, también que con ánimo comprensivo seguirán con sus determinaciones apoyando la gestión del conjunto de servidoras y servidores públicos que integramos la Fiscalía General del Estado, quienes pese a las dificultades y condiciones de riesgo, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de aclarar el hecho que la Ley señala como delito, evitar que el delito quede impune, proteger al inocente y velar por la justicia y la reparación del daño en favor de las víctimas.